El siguiente es un artículo del diario EL UNIVERSAL, escrito hace tiempo por la Ex Senadora y Académica Ifigenia MARTÍNEZ, que considero digno de leer, que lleva por título el mismo de esta presentación. Se publicó el sábado 21 de abril de 2001, en la página EDITORIAL. dentro de la sección NACIÓN, en la  página A 29. El texto da buenas luces del por qué en México las cosas están como están.

Desde 1961, cuando el licenciado Antonio Ortiz Mena, entonces secretario de Hacienda, formó una comisión fiscal e invitó como consultor al eminente economista británico Nicholas Kaldor, se diagnóstico que la baja recaudación en México obedecía a causas estructurales y de gestión administrativa que hasta la fecha se mantienen, pues no han podido superarse y la reforma fiscal propuesta por el presidente Fox las perpetúa. A la presente iniciativa de reforma hacendaria le hace falta un diagnóstico analítico y estadístico que permita superar los intereses creados de los beneficiarios reales del sistema tributario.

La baja recaudación se debe en primer término a que los ricos no pagan impuestos de acuerdo con su capacidad económica en un país en donde 10% de las familias en la escala superior de ingresos se queda (conservadoramente) con 40% del ingreso nacional, mientras 40 millones de mexicanos en los niveles inferiores de ingreso, sólo disponen de 12.25% del mismo, el cual no les alcanza para cubrir sus ingentes necesidades, tienen presupuestos deficitarios y casi nula capacidad contributiva. El bajísimo gravamen sobre los ricos se justifica (el subsecretario Ruben Aguirre lo acaba de hacer) alegando que como las empresas personas morales ya pagan un impuesto promocional sobre sus utilidades, el gravar a sus dueños con un impuesto progresivo sobre la renta de las personas constituiría doble tributación. A estas alturas, México es uno de los poquísimos países que mantiene esta peregrina teoría, pues todos los gobiernos democráticos, diferencian a las empresas que actúan con personalidad jurídica propia, de los accionistas que deben ser tratados fiscalmente como cualquier otra persona. Por lo tanto se justifica gravar: 1) con un impuesto proporcional, a las empresas personas morales por las utilidades que el sistema económico, jurídico y social les permite generar y, 2) con un impuesto progresivo sobre la renta a todos los ingresos acumulados que reciben las personas físicas independientemente de la fuente de donde provengan. El sistema mexicano a todas luces inequitativo y atentatorio contra el interés público, fue denunciado por el profesor Kaldor y no se ha corregido en 40 años, alegando que provocaría una huida de capitales. Esta tesis en favor de los dueños del capital y las esperanzas que había para erradicarla parecen extinguirse con la propuesta foxista de no sólo dejar las cosas como están, sino beneficiar aún más a las empresas y a los ricos reduciendo el impuesto de 35% a 32% la tasa marginal, en el caso de las empresas y de 40% a 32% en el caso de las personas. La red de argucias y falsos argumentos que se utilizan para evitar la acumulación de los ingresos explica que existan 49 mil millones de dólares mexicanos no gravados en los bancos del extranjero con los que se especula de acuerdo con los movimientos de las tasas de interés y las expectativas de variación del tipo de cambio.
La tarifa del impuesto personal, que sólo se aplica a los asalariados, es excesivamente progresiva y complicada (se tienen que otorgar subsidios y créditos al ingreso al 60% de los asalariados) y sirve de pretexto para no acumular los ingresos de los ricos. Es necesario revisarla, simplificarla y aplicarla acumulando todos los ingresos que aumenten el patrimonio de las personas físicas en un ejercicio fiscal.
Otra causa de la baja recaudación es la pésima y onerosa administración tributaria, la cual al ver cómo se le escapan las fuentes de ingreso, impone medidas de terrorismo y sadismo fiscal que ejerce discrecionalmente. La enorme evasión no sólo obedece a la deficiente estructura mencionada, sino también a la exesiva centralización administrativa y al despojo a los estados de sus potestades tributarias reflejadas en una Ley de Coordinación Fiscal que impulsa la SHCP a dar a través de un complicado esquema de participaciones en los ingresos y aportaciones en los gastos una proporción creciente de la magra recaudación federal. La excesiva centralización fiscal ha impedido que los estados desarrollen sus propias capacidades recaudatorias y que contribuyen al control de los causantes, empresas, personas físicas, que cada gobierno estatal tiene bien detectadas en su territorio. El potencial recaudatorio de esta medida ni siquiera fue contemplado en el diseño de la presente reforma hacendaria.
Constituye una buena noticia que se haya aplazado la discusión de la reforma hacendaria y esperamos un debate serio que permita construir y consensuar un pacto político que defina el proyecto de nación que deseamos y la hacienda pública que necesitamos para cumplirlo.

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