Durante la accidentada transición democrática que vive México, la sociedad civil en México ha crecido con condiciones adversas. La propuesta de la Ley Tres de Tres es el máximo avance ha tenido ésta,  iniciativa que se topó con las malas artes del PRI, que junto con su aliado incondicional,  el nefasto Partido Verde Ecologista, rasuraron y descafeinaron esta iniciativa. Para lo cual sesionaron en la madrugada para evitar la presión de las organizaciones ciudadanas, algo cobarde. Un proceder nada honorable para una propuesta originada en el lado del gobernado.

Con esta ley se busca un combate más efectivo contra la corrupción, buena intención que adolece de un vacío de información que fue aprovechado por la cleptocracia mexicana. El público prácticamente ignoraba de que se trataba la iniciativa, en particular ‘la declaración de intereses’, que viene a ser una especie de chismógrafo que cuenta una historia, con nombres y línea de tiempo que será verificada, es aquí donde empieza lo que realmente importa.

Se tiene que ir con los testigos que puedan verificar lo declarado, lo haría una comisión, detectives contratados para ello.  La investigación que se derive de la declaración de intereses es la que tiene trascendencia jurídica y política, y que tristemente se toparía con el deficiente estado del acceso a la información que hay en México, un problema más grave que la rasurada que le dieron los priístas. Hacen falta procesos para clasificar información,  al igual que niveles de información y su respectivo acceso definido. Un sistema de acceso a la información debe de tener procedimientos para calificar lo confidencial, quién lo hace y quiénes pueden acceder a la información de acuerdo al nivel correspondiente. Independientemente de lo democrático o autoritario que pueda ser el marco jurídico que lo determine, permite tener estadísticas al respecto,  que son datos duros para verificar la situación que tiene el acceso a la información en el país.

Su inexistencia le funciona muy bien al gobierno. Algo muy sencillo que pasa en los países que se pueden considerar decentes, pero que ha sido negado a los mexicanos. En este momento, es lo que también deberían de exigir las organizaciones que impulsaron la ley tres de tres.

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